Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo prioritario es promover el empleo a trabajadores y a trabajadoras con discapacidad.
Son estructuras mercantiles que compiten en el mercado y que además promueven la inclusión social de personas con discapacidad a través de la inserción laboral.
El empleo estable y remunerado facilita la independencia económica de sus trabajadores y de sus trabajadoras e incide muy positivamente en sus posibilidades de integración social y en su autoestima pues, además de garantizar empleo y formación, los Centros Especiales de Empleo les proporcionan apoyo permanente en su vida personal y social.

España 757 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL / 37 687 EMPLEOS / 32 411 PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD.

La Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia informa de que están registrados y clasificados 50 Centros Especiales de Empleo de iniciativa social en Galicia.

Real Decreto Legislativo 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo. Disposición adicional 14ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Galicia rige además el Decreto 200/2005, de 7 de julio, por el que se regula la autorización administrativa y la inscripción en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de Galicia y su organización y funcionamiento.

• Al menos un 70% de la plantilla con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
• Deben estar promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos.
• En sus estatutos o en su acuerdo social debe figurar la obligación de reinvertir todos sus beneficios en crear oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y en mejorar su competitividad y de su actividad de economía social.

Persoas cun grao de discapacidade recoñecido mínimo do 33%.